Los detalles todavía no se conocen. El debate sobre el acuerdo con todas las partes duró cinco meses en una mesa de trabajo.
La Procuración General de la Nación anunció a través de un comunicado que se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil para compartir el uso de pruebas relacionadas con el caso de corrupción destapado por la operación Lava Jato.
«El acuerdo logrado permitió consensuar los términos de un modelo de compromiso que despeja el camino de los fiscales y sirve como una herramienta puesta a su disposición para que en sus investigaciones tengan posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con la justicia de ese país a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada», detalla el escrito.
Las pruebas del Lava Jato de Brasil no podrán utilizarse en contra de quienes se encuentran alcanzados por los acuerdos de lenidad. Tampoco en procesos distintos en los que la información se compartió.
En el acuerdo, además de los fiscales que investigan las causas vinculadas a Odebrecht en la Argentina, participaron la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, representantes de la Cancillería, de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Justicia.
«El texto final aprobado logra respetar los estándares derivados de convenios internacionales que los dos Estados han suscrito, los principios y normas jurídicas internas de cada país y al mismo tiempo se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil. Ello, además de no impedir o entorpecer las acciones que puedan ejercerse en el país», remarca el comunicado.
En Argentina no podía utilizarse la información de los arrepentidos de Odebrecht. Con el acuerdo, la Justicia podrá buscar a quienes recibieron y pagaron las coimas.
